Tras 20 años nadie aclara el homicidio de Álvaro Gómez

Mientras la familia dice que se desvió la atención, la Fiscalía señala que el proceso se amplió hasta 2022.

Veinte años después del asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado, su familia lamenta que solo se le recuerde por el día de su muerte y no por los proyectos que le dejó al país. FOTO colprensa

Hoy se cumplen dos décadas del homicidio del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado y la responsabilidad por su asesinato, ocurrida el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, sigue sin aclararse. El excandidato presidencial, excongresista y exconstituyente salía de la Universidad Sergio Arboleda de dictar clase cuando un sicario lo atacó en su vehículo, a las 10:20 de la mañana.

Para Enrique Gómez, abogado de la familia y sobrino del político, es lamentable que la única dimensión con la que se hace referencia a Álvaro Gómez sea la inoperancia de la justicia en resolver un asesinato que dejó serias dudas sobre el papel que jugó en su muerte el gobierno de entonces, acosado en ese entonces por el escándalo del proceso 8.000.

Según el abogado, Gómez Hurtado hizo grandes aportes a la democracia colombiana y ayudó a la construcción de medidas que hoy benefician al país, tales como la descentralización política y administrativa a través de la elección popular de alcaldes y gobernadores, la acción de tutela, la independencia del Banco de la República, la promoción de la despenalización de las drogas, la introducción del divorcio civil de mutuo acuerdo, entre otros.

“Fueron muchos aportes de Álvaro Gómez a Colombia y recordarlo solo porque su crimen no se ha aclarado y se ha dilatado la investigación es un castigo adicional a su memoria”, aseguró el jurista.

Con el asesinato del también exdiplomático murió uno de los más fuertes opositores del gobierno de Ernesto Samper, pues Gómez Hurtado denunció en diversos medios lo que venía ocurriendo por la filtración de dinero del narcotráfico a la campaña del entonces presidente y se decía que, al parecer, el político conservador estaría incitando a un golpe de estado para acabar con el mandato de Samper. Esta tesis fue denunciada por el exministro Fernando Botero Zea luego de ser declarado culpable durante el proceso 8.000.

Investigación de la Fiscalía

De acuerdo con Enrique Gómez, después de que la familia aportó un paquete de pruebas que se recopilaron entre 2007 y 2013, que apuntaban a la responsabilidad del abogado asesinado en julio pasado, José Ignacio Londoño, como presunto mensajero entre el gobierno de entonces y el cartel de Cali, el fiscal Eduardo Montealegre decidió ignorarlas.

“Cuando la investigación y la tesis nuestra es más clara, el Fiscal pretende poner una cortina de humo a la manera de su antiguo cliente Ernesto Samper, pues Eduardo Montealegre fue apoderado de los ministros del Gobierno Samper en el proceso 8.000, con el fin de evadir su responsabilidad como funcionario público y por la prescripción de la acción penal sin haber efectuado el llamamiento o la resolución de acusación contra Ignacio Londoño y el sicario conocido como alias Javier, contra quienes se recaudó mucha evidencia”, dijo el abogado a EL COLOMBIANO.

Pero la Fiscalía ha defendido su papel en el proceso y ha señalado que continúa investigando el crimen. Su argumento lo respalda en la citación que hizo a Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército, en la que se busca determinar el alcance de los testimonios del desmovilizado Edwin Zambrano Pinto, alias ‘William’, perteneciente a grupos paramilitares. Según Zambrano, en 1995 se realizó una reunión con Del Río en la que, al parecer, dio instrucciones a sus subalternos que adelantaran asesinatos selectivos, entre ellos el de Gómez Hurtado.

“Esta nueva hipótesis vinculando militares que está pegada con babas pues la base es un testimonio que no tiene ninguna credibilidad, de una persona que está en la cárcel Modelo de Barranquilla, quien supuestamente desayunaba con Carlos Castaño y con “Berna” y con Rito Alejo del Río para planear magnicidios. Lo extraño es que esta persona no aparece en ningún organigrama de las Auc de los que ha preparado la misma Fiscalía y le han negado la postulación a Justicia y Paz en cuatro oportunidades”, concluyó Enrique Gómez.